El Tribunal Supremo refuerza los derechos de los grandes lesionados en accidentes de tráfico: la reparación íntegra no admite excepciones

STS núm. 269/2026, Sala de lo Penal, de 8 de abril de 2026 (ROJ: STS 1601/2026)

Sufrir un accidente de tráfico grave no acaba con el diagnóstico médico. Para muchas víctimas, lo que viene después resulta igual de agotador: la aseguradora del responsable niega horas de ayuda, recorta gastos sanitarios futuros o aplica el baremo como si fuera una calculadora, sin mirar a la persona que tiene delante. La Sentencia núm. 269/2026 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictada el 8 de abril de 2026 en el caso de un conductor drogado que arrojó su vehículo sobre dos peatones en Pamplona, pone límite a esas maniobras y consolida una doctrina de reparación íntegra que cualquier víctima grave debería conocer.

Los hechos: una condena más allá de lo habitual

El acusado llevaba el permiso de conducir retirado por pérdida total de puntos y había dado positivo en cocaína, ketamina y cannabis. Aun así, subió su coche a la acera, recorrió 20 metros a 64 km/h y arrojó a dos peatones que caminaban juntos. Ninguno de los dos tuvo tiempo de apartarse. Las lesiones fueron devastadoras: craniectomía descompresiva de urgencia, semanas en la UCI, afasia grave, hemiparesia, daño cognitivo y pérdida de autonomía para las actividades básicas del día a día.

La aseguradora del vehículo, Generali España, respondió como responsable civil directa. Las indemnizaciones fijadas en sede penal y confirmadas o elevadas en apelación alcanzaban 2.100.000 euros para una de las víctimas y 1.260.000 euros para la otra. Generali acudió al Tribunal Supremo en casación con un único motivo pero dividido en tres frentes, todos orientados a recortar esas cifras.

Primera cuestión: ¿puede una víctima extranjera reclamar gastos sanitarios futuros?

Una de las víctimas era sueca. Su familia había tomado la decisión de instalarse en Suecia, país en el que no se pudo acreditar que todos los gastos médicos futuros derivados del accidente quedaran cubiertos de forma total y gratuita. Generali argumentó que el artículo 114 RDL 8/2004 reserva el pago de gastos sanitarios futuros a los servicios públicos de salud españoles y que, como la lesionada no iba a vivir en España, no tenía legitimación para reclamarlos ella directamente.

El Tribunal Supremo no acepta ese argumento. La Sala aclara que el artículo 114 no es una norma de legitimación, sino una norma de forma de pago: regula cómo se pagan esos gastos cuando la atención la presta la sanidad pública española. Si la víctima va a vivir fuera y ese sistema no la va a cubrir, su reclamación de gastos futuros “se transforma en una indemnización alzada” que ella misma tiene derecho a cobrar directamente, conforme a los arts. 109 y ss. CP y 36.1.a) LRCSCVM.

El Tribunal añade que obligar a la víctima a anticipar de su bolsillo cada gasto sanitario en el extranjero para luego reclamarlo judicialmente una y otra vez “iría en contra de las víctimas de la siniestralidad vial que no van a residir en España”. El principio de reparación íntegra del art. 33 RDL 8/2004 no tolera que la víctima quede desprotegida por el simple hecho de vivir fuera de España. Se fijan 136.396 euros en un pago único para cubrir esos gastos sanitarios futuros. Si la lesionada acaba recibiendo atención gratuita en Suecia, Generali podrá reclamar lo que corresponda.

Segunda cuestión: ¿3 horas o 4 horas de ayuda de tercera persona?

Esta misma víctima tenía dos secuelas que el baremo reconoce como generadoras de ayuda de tercera persona:

• Trastorno cognitivo moderado (01136)
• Afasia grave (01143), con hasta 2 horas asignadas a cada una. Aplicando la fórmula del art. 123.2 LRCSCVM (secuela mayor más el 50% de las demás), el resultado matemático son 3 horas. Eso era lo que Generali pedía aplicar.

El Tribunal Supremo avala las 4 horas que había fijado la Audiencia Provincial. Lo hace con tres razones que cualquier abogado de un gran lesionado debería tener presentes:

• Prueba pericial convergente. Tanto el médico forense como el perito de la propia aseguradora habían llegado a la misma conclusión: 4 horas diarias. Cuando ambas partes coinciden en la pericia, ese dato queda fijado como hecho probado y el Tribunal Supremo no puede ignorarlo.
• Aplicación analógica del art. 121.2 LRCSCVM. Este artículo permite reconocer ayuda de tercera persona por secuelas que no aparecen en la tabla 2.C.2, siempre que la pericia médica acredite una pérdida de autonomía equivalente. El Tribunal lo aplica aquí para dar cobertura jurídica a las 4 horas que la fórmula tasada del baremo no reflejaba.
• Principio “in dubio pro damnato”. El baremo no puede aplicarse de forma mecánica “a espaldas de la situación real de la víctima”. Que el sistema sea objetivo no impide la interpretación analógica cuando los hechos lo justifican.

Tercera cuestión: actualización de los pagos a cuenta

Generali también discutió la actualización de los pagos a cuenta que había ido realizando a lo largo del proceso. Su tesis era que el art. 20 LCS era el único mecanismo válido para tratar esas cantidades.

El Tribunal Supremo aclara que el art. 40.4 RDL 8/2004 funciona con independencia del art. 20 LCS. Los pagos a cuenta deben actualizarse con los mismos índices del baremo y descontarse del total de la indemnización en la fecha en que esta quede fijada. Los intereses moratorios y la actualización del valor de lo ya pagado son dos cosas distintas y no se excluyen.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre reparación íntegra: 20 criterios que cambian la negociación

El fundamento jurídico de la sentencia dedica una larga reflexión doctrinal al principio de reparación íntegra. Vale la pena leerlo despacio, porque marca cómo deben interpretarse el baremo y sus límites. Estos son los criterios más importantes:

• La reparación no es solo compensación, sino restitución plena del daño realmente causado.
• El sistema de responsabilidad civil vial no puede operar como un sistema cerrado y hermético: debe reparar todo el daño real acreditado.
• La objetividad del baremo no puede aplicarse “a costa de la necesaria protección de las víctimas”.
• No puede prevalecer un automatismo del baremo si deja lagunas sin ser indemnizadas cuando ese daño es real.
• El papel del juez se refuerza para adaptar la indemnización al caso concreto y evitar “zonas de no indemnización”.
• La seguridad del baremo no puede conllevar inseguridad y desprotección de las víctimas cuando están en condiciones de acreditar la existencia de un daño.

¿Qué significa esto para su reclamación?

Si usted o un familiar ha resultado gravemente herido en un accidente de circulación, esta sentencia del Tribunal Supremo tiene consecuencias prácticas directas:

• Si reside en el extranjero o prevé hacerlo, puede reclamar el importe de esos gastos en un pago único. La aseguradora no puede negarle esa partida amparándose en el art. 114 LRCSCVM.
• Si la pericia médica acredita más horas de ayuda de tercera persona de las que resultarían del cálculo mecánico del baremo, esa pericia puede y debe prevalecer, aplicando el art. 121.2 LRCSCVM por analogía.
• Los pagos a cuenta de la aseguradora deben actualizarse con los índices del baremo y descontarse del importe final: lo que la aseguradora pagó a cuenta hace años no vale lo mismo hoy.
• La prestación de dependencia solo puede descontarse de la indemnización por ayuda de tercera persona cuando esté reconocida y sea efectiva. Una expectativa futura no basta.

Si usted o un familiar ha sufrido lesiones graves en un accidente de tránsito, en Trafic Abogados estudiamos su caso de forma gratuita y sin compromiso. Llámenos al 963 950 847 o 651980414 o escíbanos a info@trafic-abogados.com . Le diremos con honestidad si la oferta que le han hecho es justa o si hay margen para reclamar más.

Referencia: STS núm. 269/2026, Sala de lo Penal, 8 de abril de 2026 — ROJ: STS 1601/2026 — ECLI:ES:TS:2026:1601. Ponente: Excmo. Sr. D. V. Magro Servet.